Cómo resuelve un problema el Gobierno argentino: subsidia hasta las últimas consecuencias, o expropia, socializando las pérdidas. Lo que podríamos llamar "socialismo de mercado" la ganancia es privada la pérdida del Estado.
Cómo resuelve un problema el Gobierno norteamericano: presta dinero por un plazo predeterminado, y no solo recobra la deuda, sino que gana dinero.
Como para que se entienda, en el caso de Aerolíneas Argentinas, con lo que se transfirió para cubrir el déficit de la empresa durante 2012 ($4.522 millones, o sea $12,4 millones por día), se podían comprar 25 aviones nuevos de los Embraer que tan orgullosamente muestran las publicidades. Va una tabla informativa.
Son las pequeñas cosas que hacen la diferencia, no?
Blog especialmente dedicado a temas económicos, aunque no exclusivo de otros temas interesantes. La idea es que funcione como herramienta de comunicación con la comunidad web y dejar mis ideas en la bloggósfera
domingo, 30 de diciembre de 2012
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Algo de lo que pasó en 2012
En Argentina siempre podemos decir que cada año es como los años de los
perros, que valen siete! Pasan demasiadas cosas para poder recordarlas todas a
finales del año, cuando llegan los momentos de reflexión y proyección hacia el
próximo año. A ojo de pájaro: reforma a la Carta Orgánica del BCRA,
expropiación a Repsol, expropiación de Ciccone (todavía no sabemos a quién),
freno a la importación, cepo cambiario, corralito turístico, baja de
concesiones ferroviarias (tras la tragedia de Once), subte va y viene a la
Ciudad de Buenos Aires, que los buitres ganan que los buitres pierden, la
Fragata Libertad se queda en Ghana (qué pasa con la corbeta Espora?), reforma a
la Ley de Mercado de Capitales. Es como mucho, no?
En próximas entradas, voy a ir contando qué pasó, y cómo creo que puede seguir la economía argentina en 2013.
lunes, 10 de diciembre de 2012
Reforma al Mercado de Capitales
Hoy vamos con
la Ley de Mercado de Capitales que fuera aprobada recientemente por el
Congreso, y que aún falta promulgar, y lo fundamental, reglamentar.
Este es un
caso interesante por varios motivos, los técnicos, los legales y los políticos.
Comenzando por los políticos, fue importante ver que ante la versión presentada
originalmente para el tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados, la
aprobación fue más o menos unánime, en cuanto al espíritu de la norma.
La idea de
eliminar la autoregulación y la desmutualización de los mercados, recibió el
apoyo de todos los sectores involucrados (salvo alguna objeción de las bolsas
por ver mermado su rol). Esto constituía el núcleo de la propuesta que se venía
trabajando en el interior de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde hace
varios años.
Otro punto
que es políticamente correcto por estos días, es el de la apertura del mercado
de calificación de riesgos a nuevos jugadores, especialmente a las
universidades. Es claro que las calificadoras han cometido errores (en muchos
casos más que error ha sido complicidad) en la evaluación de activos y
compañías gigantescos, pero como se suele decir, creo que en este caso “la
culpa no es del chancho, sino del que le da de comer”. El traspaso de las
funciones de regulación y supervisión que implicó la creación de un régimen
privado de evaluación y seguimiento de la calidad crediticia de empresas y
activos, ha sido un error de los gobiernos, y peor aún el no haber implementado
mecanismos de control sobre esas empresas.
Sin
embargo, junto con estos meritorios objetivos, se trasladó mucho más poder a la
CNV, incluso la autoridad para intervenir a los agentes del mercado, sin ningún
tipo de sumario previo, y ahí todos los sectores de la oposición pusieron sus
objeciones, completamente desoídas desde la bancada oficialista.
Además, el
día de tratamiento en el recinto, el oficialismo introdujo modificaciones al
texto aprobado en comisiones (versión que llegó del Poder Ejecutivo), con un punto muy controversial, que es el que
autoriza la intervención de los órganos decisorios de las sociedades
cotizantes, por el solo pedido de algún accionista minoritario, intervención que
podría durar hasta 180 días, sin mediar instancia judicial alguna. La redacción textual es la siguiente:
“Artículo
20.- Facultades correlativas. En el marco de la competencia establecida
en el artículo anterior, la Comisión Nacional de Valores puede:
a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e
inspecciones en las personas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización,
citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial. Cuando, como
resultado de los relevamientos efectuados, fueren vulnerados los intereses de
los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta
pública, la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad del perjuicio que
determine, podrá:
I) Designar veedores con facultad
de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la
entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el
presidente de la comisión;
II) Separar a los órganos de
administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días
hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será
recurrible en única instancia ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas;
“
Es decir,
tengo una acción de YPF, por ejemplo, y puedo pedir la intervención de la
compañía porque digo que se está afectando mi derecho como socio, y la CNV
puede intervenir de hecho y hacerse cargo de la dirección de la empresa.
Difícil pensar
una relación de fuerza pareja entre un Gobierno pro intervencionista y
empresarios sometidos a una legislación de este tipo. Difícil pensar que el
mercado de capitales local se vuelva un motor del financiamiento productivo
bajo estas circunstancias.
De todos
modos, la letra final de esta ley dependerá de la reglamentación que debe
realizar la misma CNV, donde quedará definida la masa crítica de los alcances
que tenga esta Ley, como por ejemplo, la forma en que las Bolsas tendrán que
ajustarse a la nueva normativa, cómo se verán beneficiadas las PyMes en su
acceso al mercado de capitales, quiénes serán los nuevos posibles jugadores en
el mercado de calificación de riesgos, qué información privada podrá ser
informada por la CNV a la AFIP, entre otros.
Como es
costumbre, una cosa es el espíritu de la Ley, otro es el espíritu del
legislador, y otro el espíritu de la autoridad de aplicación. En este caso,
parece que no están alineados en el sentido de desarrollar el mercado de
capitales, sino en volverlo un mecanismo más de control del sector privado, lo
que puede redundar en más perjuicios que beneficios.
martes, 4 de diciembre de 2012
El tema de la semana
Esta semana el tema que todo café tocará
seguramente es el 7D. Como debe ser claro para todo aquel que me conoce o ha leído
algunos post de este blog, mi posición es abiertamente liberal.
En este sentido, no creo positivas las
limitaciones impuestas por ley a una empresa (o empresas), más cuando su
producto es un producto de consumo libre y posee gran cantidad de competidores.
Creo sinceramente que el Grupo Clarín se tardó
demasiado en sacar al aire la publicidad que dice algo así como “si no te
gusta, cambiá de canal. Si no te gusta, no compres más el diario”. El nudo de la
cuestión pasa por ahí, por qué tiene que ser el Estado el que me diga si puedo
comprar o no a Clarín? Si puedo ver o no TN?
Es claro que el Estado debe velar por el bien
de la población, pero en otro tipo de cosas, en aquellas que atentan contra la
salud (como la recomendación de no fumar), contra el bienestar futuro (con el
pago obligatorio de aportes y contribuciones jubilatorios), y defendiendo los
derechos de las minorías (cosa que este gobierno se jacta de no tener que hacer
porque son la mayoría, UNA LOCURA!!) y garantizando igualdad de oportunidades
para todos y especialmente para los sectores más vulnerables (salud, educación,
seguridad, todas públicas y gratuitas).
Si lo que realmente quiere el Gobierno es
pluralidad, por qué no da lugar a los pedidos de los bloques opositores del
congreso, que vienen pidiendo que el estado les otorgue un espacio como el
oficialista 678 en la TV Pública?
Por qué no reparte la pauta publicitaria de
forma equitativa entre los diferentes medios de comunicación, en lugar de
favorecer a aquellos que solo dan noticias favorables al Gobierno?
La verdad que no leí el contenido de la "Ley de Medios", pero si lo que realmente se quiere es "democratizar" el aire, en todo caso, por qué no habilita más canales
de aire, más señales de radio, con licitaciones gratuitas, y financiando la
instalación en todo caso de esos nuevos medios, en lugar de redistribuir los
actuales?
Una de las pocas cosas que creo 100% válidas de
la teoría microeconómica, es que para el individuo, siempre más es mejor que
menos. Cuanto más canales y radios tengamos, mejor vamos a estar. Pero también
es claro que estamos mejor cuanto más libertad para elegir tenemos, y no menos.
viernes, 30 de noviembre de 2012
Sobre la re-re
Con tanta ida y vuelta con el
tema re-elección y rere-elección, me puse a pensar sobre otros mecanismos
alternativos, que junten algunas características de las diferentes ideas que
hay dando vueltas.
Antes de arrancar, aclaro que en
lo personal, la relección indefinida no me parece un problema, creo sinceramente
que una sociedad que cree y se convence de que la única posibilidad para que se
hagan bien las cosas desde el gobierno depende pura y exclusivamente de un solo
individuo, tiene un gravísimo problema.
Un fantástico escritor que se
llamó Italo Calvino escribió un texto que se llama “La decapitación de losjefes”. Esa obra arranca de la siguiente manera:
“Las páginas que siguen son esbozos de
capítulos de un libro que proyecto desde hace tiempo, y que quisiera proponer
un nuevo modelo de sociedad, es decir, un sistema político basado en la matanza
ritual de toda la clase dirigente a intervalos de tiempo regulares…”
Si bien la propuesta es
interesante, no creo que matar sea la mejor solución. Por eso se me ocurrió
algo menos cruento para estos señores que nos toca votar de tanto en tano, al
final de cuentas, son seres humanos y tendrán alguna familia y amigos que los
quieren…
Mi idea es un sistema de mandato
por tiempo indefinido.
La sociedad vota un presidente, y
este tiene que ejercer el gobierno hasta que la sociedad decida que se tiene
que ir.
Sin calendario de elecciones
predeterminado, ni nada.
El primero de enero, se hace un
sorteo y se decide si ese año hay elección o no. Si gana el que está en el poder,
sigue, si pierde viene otro
Qué ventaja tendría un sistema
como este? Que siempre tienen que hacer bien las cosas, si las haces mal un
año, lo más probable es que el próximo ya no estés.
Uno de los problema que tiene el
sistema vigente es que tiende a hacer que el gobernante se esfuerce en el
primer mandato, para ganar el segundo y hacer lo que se le antoje (no es la
regla en países con mayor tradición partidaria, pero tampoco se aleja diametralmente
de esto).
En esta propuesta que hago, como
no saben cuál es su último mandato, se deberían cuidar de hacer todo el tiempo
las cosas bien. Y si realmente hacen las cosas bien, por qué habría que echarlos?
Eso si, pienso que tendría que ser una obligación permanecer hasta que el
pueblo diga basta, no hay posibilidad de renuncia.
Espero opiniones y comentarios!!!
jueves, 29 de noviembre de 2012
Update sobre la deuda
La Corte de Apelaciones dio lugar al "stay" pedido por Argentina, que sería algo así como "no innovar" en cuanto a la orden de Griesa para que se paguen los 1300 millones el próximo 15 de diciembre.
La aclaración importante que hay que hacer, y que los medios de nuestro país no están haciendo, es que esto solo da tiempo a Argentina para plantear y negociar con los acreedores una nueva forma de pago. Pero lo que ya falló tanto Griesa, como la Corte de Apelaciones, es que Argentina tiene que pagar los 1300 millones.
Solo una reversión del pleno de la Corte de Apelaciones (recomiendo esta nota para entender lo más técnico) o de la Corte Suprema de Justicia Norteamericana sobre el fallo de la Corte de Apelaciones implicaría que Argentina no tenga que pagar el 100% de lo que reclaman los acreedores.
La aclaración importante que hay que hacer, y que los medios de nuestro país no están haciendo, es que esto solo da tiempo a Argentina para plantear y negociar con los acreedores una nueva forma de pago. Pero lo que ya falló tanto Griesa, como la Corte de Apelaciones, es que Argentina tiene que pagar los 1300 millones.
Solo una reversión del pleno de la Corte de Apelaciones (recomiendo esta nota para entender lo más técnico) o de la Corte Suprema de Justicia Norteamericana sobre el fallo de la Corte de Apelaciones implicaría que Argentina no tenga que pagar el 100% de lo que reclaman los acreedores.
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Sobre la deuda en situación irregular
En primer lugar, hay que tener en claro que algún tipo de acuerdo con aquellos bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, habrá que alcanzar. La posibilidad de pago nulo hay que descartarla porque no hay juez en Estados Unidos que vaya en contra del derecho de propiedad. Esto es algo que cualquier abogado que haya estado involucrado en litigios de este tipo sabe, y los abogados que contrató nuestro país lo hicieron saber desde el inicio del proceso de restructuración de la deuda.
Dicho esto, no deben quedar dudas que la acción del Gobierno actual ha sido perjudicial para la sociedad argentina, toda vez que impulsó al juez que entiende en la causa a tomar una medida ejemplar contra nuestro país, ante las aseveraciones de las autoridades nacionales en el sentido que no iban a reconocer lo fallado por esa jurisdicción (entrando en desacato) y que no había intención de pago a quienes están accionando judicialmente.
Esto marca dos problemas muy claros. El primero, la ruptura con la estrategia trazada desde el inicio del proceso de restructuración que se basaba en dejar en claro que Argentina reconoce la existencia de una deuda, que debe ser pagada, aunque no en cualquier condición. Esta estrategia fue la que mantuvo al juez de Nueva York en línea con la Argentina hasta el año 2012.
El segundo, que tiene consecuencias de más largo plazo, es la negativa a acatar los dictámenes de la justicia extranjera, algo que el Gobierno en los tribunales locales ha realizado sistemáticamente, pero que también lo hace con otras deudas como son las que se tramitan en el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial). El problema es el precedente que sienta para todo extranjero que tenga intención de invertir en Argentina (se en activos públicos como privados), lo que limitará el acceso al financiamiento.
Tal es así, que esta combinación de impericias, ha determinado que legisladores norteamericanos intenten nuevamente llevar a estado parlamentario una iniciativa por la cual se le denegaría a nuestro país el acceso al financiamiento en el mercado de capitales norteamericano, y el bloqueo de la asistencia financiera de los organismos multilaterales de crédito en los cuales es miembro Estados Unidos (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial).
Como se suele decir “en política, el que se calienta pierde”. Siguiendo este dictum, hay que tener la mesura suficiente para pensar estratégicamente qué es lo mejor para el país, y no para las próximas elecciones. Llegar a un acuerdo con los bonistas es un paso, pero no hay que dejar de lado el resto de los acreedores con los que Argentina está en falta desde hace ya 10 años. Si realmente este Gobierno quiere decir que sacó al país de la crisis de 2001-2002, tiene que resolver este tema, de otra forma, seguiremos arrastrando la crisis.
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